DEL REALISMO AL CONSTRUCTIVISMO JURÍDICO

Al afirmar que vivimos en un Estado intervencionista, pretendo resaltar una característica especial de nuestro comportamiento: una conciencia de que la estructura misma de nuestra sociedad depende de un continuo flujo de decisiones voluntarias realizadas por funcionarios políticamente responsables. Concebidas de este modo, son varias las causas de nuestra voluntad intervencionista. La más obvia es el consenso general sobre el hecho de que la supervivencia de nuestra sociedad depende de la cordura militar de su liderazgo político. La segunda, sólo ligeramente menos importante, es la creencia de que el bienestar económico de la nación depende de decisiones de gobierno —tanto en el plano macroeconómico como en la regulación de sectores particulares de la vida económica—.
Por último, existe el amplio reconocimiento de que la cuestión de la distribución de la riqueza y la posición social constituyen un tema central de debate y de decisión políticos. La pobreza, el racismo y el sexismo no son inevitables, son las consecuencias de prácticas sistemáticas en las cuales los funcionarios se hallan voluntariamente implicados: desde el momento en que permiten o niegan el aborto a una madre de clase social baja hasta aquel en que el médico de turno realiza (o deja de realizar) un último esfuerzo para prolongar la vida de un paciente.